Limitada participación de mujeres en la toma de decisiones en el Área Metropolitana de Bucaramanga

Diagnóstico: baja presencia de mujeres y alta percepción de corrupción En los últimos cuatro ciclos de elecciones locales (2011, 2015, 2019 y 2023), la presencia de mujeres como candidatas a la alcaldía en el AMB ha sido baja e inestable. A nivel metropolitano, las mujeres representan 11,8 % de las candidaturas en el primer ciclo, desaparecen por completo en el segundo, suben a 21,7 % en el tercero y vuelven a caer a 15,9% en el más reciente.

Bucaramanga pasa de alrededor de un tercio de candidatas en el primer ciclo a 0 % en el segundo y solo 6,7% en el cuarto. Floridablanca muestra una trayectoria similar, con presencia femenina en torno a 14 % al inicio, ausencia total en el segundo ciclo y cerca de 10 % en el más reciente. Girón y Piedecuesta no registran candidatas en los primeros años y solo a partir de 2019 comienzan a acercarse, con oscilaciones, a un tercio y a una cuarta parte de candidatas respectivamente.

Esta trayectoria confirma lo que ya había señalado un editorial de Vanguardia al advertir que, durante 35 años de elección popular de alcaldes, solo tres mujeres habían logrado competir seriamente por la Alcaldía de Bucaramanga y que, en promedio, apenas había una candidata por década. El texto subrayaba que, pese al rol fundamental de las mujeres en las bases de los partidos, su ascenso a posiciones de comando ha sido bloqueado de manera sistemática y que este cierre ha privado a Santander de aportes clave a la política local y departamental (Vanguardia, 2023).

En los concejos municipales la oferta de mujeres es mayor, pero la representación efectiva sigue siendo muy limitada. En el conjunto del AMB, alrededor de un tercio de las candidaturas a concejal ha sido de mujeres en los cuatro ciclos observados, con porcentajes que oscilan entre 34 y 36 %. El número absoluto de candidatas prácticamente se duplica, de 266 a 486. Sin embargo, hoy solo 1 de los 19 concejales de Bucaramanga es mujer; en Floridablanca hay 2 de 19; en Girón, 2 de 17; y en Piedecuesta, 2 de 16. Es decir, las mujeres ocupan aproximadamente entre el 10 y el 12 % de las curules, muy por debajo de su presencia en las listas.

Un análisis reciente de Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos recordaba que en las elecciones de 2023 la ciudad no superó 28 % de candidatas a la alcaldía ni 38 % al concejo, muy lejos de la meta de 72 % establecida en el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y también por debajo del objetivo mínimo de 50 % asociado a los ODS (Cárdenas Acevedo, 2023). La percepción ciudadana refuerza la idea de que este sistema político no está ofreciendo respuestas efectivas frente a la corrupción. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos, en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta la mayoría de las personas considera que la corrupción en su ciudad se mantiene igual o ha aumentado. Mientras que en 2016 y 2018 entre una cuarta parte y casi dos quintas partes de la población creían que la corrupción había disminuido mucho o algo, en 2023 y 2024 ese grupo cae a niveles de un solo dígito. Paralelamente, los porcentajes de quienes piensan que la corrupción ha aumentado algo o mucho superan con facilidad un tercio de la población y en algunos casos llegan a la mitad. El mensaje es claro: la ciudadanía no percibe avances significativos.

Cómo la paridad efectiva puede ayudar a enfrentar la corrupción La literatura académica sobre corrupción y género en América Latina cuestiona la idea de que las mujeres sean, por naturaleza, menos corruptas. Estudios recientes muestran que los efectos de la representación femenina sobre la corrupción dependen del tipo de cargo, del acceso real a las redes de poder y de la calidad de las instituciones. En contextos de instituciones débiles, la presencia de mujeres suele ser más simbólica que transformadora: son llamadas a ocupar cargos visibles tras escándalos, pero con poco margen para incidir en decisiones que siguen dependiendo de redes informales dominadas por hombres (Hidalgo et al., 2025). Al mismo tiempo, trabajos sobre la relación entre la corrupción y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 destacan que la corrupción socava sistemáticamente la igualdad de género, al debilitar marcos legales, facilitar la violencia basada en género y restringir el acceso de las mujeres a servicios públicos y a la participación política (Kubbe y Rodríguez-García, 2025).

En este marco, el objetivo no puede ser simplemente “tener más mujeres”, sino avanzar hacia la paridad efectiva, entendida como la presencia sustantiva de mujeres en los espacios donde se toman decisiones sobre recursos, normas y sanciones. En primer lugar, la paridad efectiva puede fortalecer el funcionamiento de las políticas anticorrupción. Cuantas más mujeres ocupan alcaldías, curules influyentes y secretarías con presupuesto, mayor es la probabilidad de que se impulsen reglas claras de contratación, criterios transparentes para los nombramientos, manuales de procedimiento y sistemas de rendición de cuentas que reduzcan la discrecionalidad. Estas herramientas protegen sus propias trayectorias profesionales en entornos donde las prácticas informales son fuertes, pero también mejoran la calidad institucional para toda la ciudadanía.

En segundo lugar, la paridad efectiva tiende a reorientar la agenda pública hacia problemas sociales en los que la corrupción es un obstáculo directo. La evidencia regional indica que las mujeres en cargos de decisión priorizan con mayor frecuencia temas como los servicios públicos, la salud, la educación, los cuidados y la seguridad cotidiana. En todos estos campos, la corrupción se traduce en obras inconclusas, sobrecostos, programas que no llegan a quienes más los necesitan y trámites más caros. Cuando la agenda se organiza en torno a estos problemas concretos, la corrupción deja de verse como un fenómeno abstracto y se reconoce como la principal barrera para mejorar la vida diaria en el AMB.

En tercer lugar, la paridad efectiva reduce la representación simbólica. Con una o dos concejalas por corporación y sin continuidad de candidaturas competitivas a las alcaldías, cada mujer queda aislada, sujeta a expectativas imposibles de “pureza ética” y con escaso margen para disputar reglas y prácticas. En cambio, cuando las mujeres ocupan una proporción significativa de escaños y cargos ejecutivos, pueden formar bancadas, tejer redes entre municipios y negociar desde otra posición la reforma de incentivos y controles. No se trata de que cada mujer en política sea incorruptible, sino de que una masa crítica de mujeres con poder real contribuye a cambiar las reglas del juego que hoy permiten que la corrupción se reproduzca.

¿Qué hacer ante este panorama? Superar el actual déficit de representación requiere acciones coordinadas. Los partidos políticos del AMB deberían asumir compromisos explícitos de paridad en sus listas al concejo y en las candidaturas a la alcaldía, ubicando a mujeres en posiciones realmente competitivas y evitando repetir ciclos electorales sin aspirantes femeninas. Las autoridades electorales, la MOE, Bucaramanga Metropolitana Cómo Vamos y los medios locales pueden monitorear y publicar estos compromisos, de modo que la ciudadanía conozca qué organizaciones están dispuestas a abrir espacios de poder.

Al mismo tiempo, es necesario enfrentar las barreras estructurales que dificultan el ingreso y la permanencia de las mujeres en la política local. Tal como señala Cárdenas Acevedo, la falta de financiamiento, de capacitación y de apoyo para las labores de cuidado sigue siendo un obstáculo central. Programas de mentoría, fondos específicos para candidatas, formación en liderazgo y ética pública, acompañamiento técnico en campañas y la creación de infraestructura para el cuidado infantil y familiar son medidas concretas que pueden asumir tanto el sector público como el privado, en alianza con universidades y organizaciones de la sociedad civil.

Finalmente, los planes de desarrollo y los planes de integridad de los cuatro municipios deberían integrar de manera explícita la perspectiva de género y la lucha anticorrupción. Esto implica diagnosticar cómo la corrupción afecta de forma diferenciada a mujeres y hombres, establecer indicadores desagregados por sexo en contratación, programas sociales y uso de mecanismos de denuncia, y diseñar acciones específicas para prevenir fenómenos como la sextorsión y otras formas de abuso de poder.

Llamado a la acción La coincidencia entre el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, el 9 de diciembre, y las elecciones atípicas para la Alcaldía de Bucaramanga del 14 de diciembre de 2025 abre una ventana única para vincular integridad pública y paridad efectiva: partidos y movimientos tienen la oportunidad de postular y respaldar candidaturas y equipos de gobierno donde las mujeres ocupen posiciones de poder real, mientras que ciudadanía, academia, medios y organizaciones sociales pueden exigir propuestas concretas tanto para enfrentar la corrupción como para cerrar la brecha de representación política de las mujeres en el AMB y evaluar a las candidaturas a la luz de estos dos criterios; sin avances hacia la paridad efectiva la lucha anticorrupción seguirá limitada por techos de cristal y redes cerradas, pero con más mujeres en los espacios donde se toman las decisiones Bucaramanga y su área metropolitana pueden dar un paso claro hacia instituciones más íntegras, transparentes y cercanas a la población.